La Contraloría General de la República emitió dos alertas de control interno relacionadas con la ejecución de contratos claves para la prestación del servicio de expedición de pasaportes y otros documentos de viaje.

La primera alerta tiene que ver con "las deficiencias que se observan en el proceso de financiación para la implementación del nuevo modelo de pasaportes, relacionadas con posibles fallas en el trámite de vigencias futuras y la aceptación de compromisos presupuestales ajenos a la misionalidad por parte de la Imprenta Nacional de Colombia, por $1.3 billones".

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Para la Contraloría, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), que será el contratante, no realizó trámites para garantizar la prestación del servicio ni su financiación como unidad ejecutora. Esta entidad, que actualmente recibe los recursos por la emisión de pasaportes, ha venido asumiendo los gastos relacionados con dicho servicio.

Estas situaciones, podrían comprometer la viabilidad financiera del nuevo modelo y con ello poner en riesgo la prestación del servicio de expedición de pasaportes.

En una segunda alerta, la Contraloría revela "el riesgo de incumplimiento de las actividades de transporte y nacionalización de la maquinaria requerida para la implementación del modelo de Producción y Personalización de libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa". 

El riesgo identificado se relaciona con el estado actual de avance en las acciones requeridas para asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente, así como con la ejecución oportuna de los trámites necesarios antes de la entrada en vigor de las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales).

Entre las actividades críticas que aún no han sido definidas o gestionadas, la Contraloría encontró las siguientes: 

Determinación de la entidad que actuará como importador de las mercancías y, por tanto, responsable del pago de impuestos, tasas y contribuciones derivadas del trámite aduanero, ya sea directamente o a través de un declarante (agente de aduanas). 

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Definición del negocio jurídico que soporta la importación, toda vez que, tratándose de un convenio con persona extranjera de derecho público, y en aplicación de la normativa nacional, el importador debería ser la Imprenta Nacional de Colombia. En este escenario, no existe un acto jurídico entre esta entidad y el FRMRE que habilite a este último para efectuar el pago de la importación de bienes que no son de su propiedad. 

Estimación del valor de las mercancías a importar del monto de los tributos aduaneros y del costo del servicio del agente de aduanas, en caso de requerirse información indispensable para el trámite de aprobación y registro de los recursos presupuestales y contables correspondientes. 

De no ejecutarse oportunamente las actividades referidas dentro de los plazos definidos en el cronograma, particularmente el inicio del transporte internacional de las máquinas necesarias previsto para el 8 de diciembre de 2025, se podría comprometer el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025, generando riesgos financieros y contractuales, entre ellos, la posible aplicación de la Garantía de Primer Requerimiento a la Imprenta por un valor de 6.375.000 euros, conforme a lo establecido en el anexo 28, numeral 5 del convenio.

En este sentido, la Contraloría reitera la importancia de corregir de manera urgente las falencias identificadas y tomar medidas urgentes para garantizar la correcta ejecución de los contratos. El seguimiento a estos procesos continuará como parte del ejercicio de control fiscal preventivo y concomitante, y de esa manera evitar las graves implicaciones sociales que de ello pudiesen derivarse.